En un momento en el que muchos gobiernos buscan nuevas vías de recaudación para afrontar déficits crecientes, los llamados impuestos a la riqueza han vuelto al centro del debate. En su artículo para Expansión, Carlota Pastora examina cómo distintos países europeos están retomando – o ampliando – gravámenes sobre el patrimonio y qué efectos reales están teniendo en la inversión, la movilidad internacional y la estabilidad económica.
El análisis cuestiona si estas medidas responden a una genuina búsqueda de justicia social o si se han convertido en herramientas de recaudación urgente que generan consecuencias no deseadas.
Impuestos a la riqueza: ¿qué hay realmente detrás de estos gravámenes?
La idea de gravar el patrimonio acumulado suele presentarse como un mecanismo para reforzar la equidad fiscal. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos activos ya tributaron en su origen, lo que abre el debate sobre la doble imposición y el impacto que supone para quienes acumulan inversiones a largo plazo.
A ello se suma un problema recurrente: cuando la carga fiscal aumenta, muchos contribuyentes con movilidad optan por trasladarse a jurisdicciones con normas más estables y predecibles.
El efecto real: fuga de capitales, previsión recaudatoria y decisiones políticas
El artículo revisa varios casos recientes. Por un lado, la decisión del Gobierno francés de descartar la llamada tasa Zucman por temor a la deslocalización de grandes patrimonios. Por otro, la estrategia española, más sutil, que amplía el control fiscal mediante nuevas obligaciones de información bancaria para detectar niveles elevados de gasto, algo que muchos interpretan como un paso previo a futuros impuestos al patrimonio.
Casos como Noruega muestran que subir la fiscalidad sobre la riqueza puede provocar salidas masivas de contribuyentes, reduciendo finalmente la recaudación total. No es casual que, de los doce países europeos que tenían un impuesto al patrimonio en 1990, solo tres lo mantengan hoy.
Andorra y la atracción de capital hacia jurisdicciones fiscalmente estables
Frente a estos movimientos, países que evitan penalizar la acumulación de riqueza han reforzado su atractivo. Andorra es uno de los ejemplos más visibles.
Su sistema sin impuesto al patrimonio, sucesiones ni donaciones ha actuado como imán para perfiles de alto patrimonio procedentes de España y Francia.
Ahora bien, este crecimiento también ha generado retos internos: presión inmobiliaria, incremento de precios y una próxima reforma que endurecerá los requisitos de la residencia pasiva. Aun así, la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal continúan siendo sus principales ventajas comparativas.
Coordinación internacional y planificación: claves para el futuro
El análisis de Carlota Pastora subraya que la solución no pasa por medidas aisladas ni por gravámenes urgentes que generen incertidumbre.
Lo que realmente marcará el futuro será la existencia de normas claras, previsibles y coordinadas a nivel internacional, especialmente en un mundo donde los contribuyentes de alto patrimonio tienen elevada movilidad.
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